Les propongo un ejercicio. Reforma si, pero no
Les propongo algo, hagamos un repaso de algunas de las decisiones judiciales que se tomaron por pedidos de particulares, contra decisiones del gobierno de la CABA:
El fuero en lo contencioso administrativo local detuvo o demoró varias iniciativas: el ingreso de capellanes a los hospitales públicos, la colocación de la reja perimetral en el parque Centenario y la extracción de árboles sobre la 9 de Julio por el Metrobus.
También, por el funcionamiento de las unidades de atención ciudadana (UAC) -dependientes del poder central- en las sedes comunales. La primera obra permaneció detenida por pocos días; la segunda, por 20. Las UAC siguieron habilitadas porque el fallo fue apelado.
Por diversos recursos de amparo se suspendió la licitación para poder imponer en la ciudad la verificación técnica obligatoria de vehículos, se canceló el aumento de la tarifa del subte de $ 2,5 a 3,5 a pedido del diputado Alejandro Bodart (MST) y, por impulso de una comunera kirchnerista de Recoleta, se impusieron a último momento exigencias al desarrollo de la carrera de TC 2000.
En los últimos tres años y medio, suman más de veinte las iniciativas oficiales frenadas por la Justicia de la ciudad; en la mayoría de los casos, temporalmente, porque luego los magistrados terminaron dando la razón al gobierno porteño. Entre ellos, desde agosto de 2009 hasta la actualidad, figura la suspensión de la licitación para la construcción de un túnel bajo la avenida 9 de Julio; finalmente fueron habilitados, pero el Ministerio de Desarrollo Urbano desistió de la obra.
También se prohibió la edificación de una comisaría de la Policía Metropolitana en el parque Sarmiento y se obligó a apagar la pantalla LED de más de 90 m2 instalada en Carlos Pellegrini y Corrientes. Durante un año, se frenó el ensanche de la avenida Paseo Colón.
Además, por recursos de amparo se paralizaron las cocheras subterráneas bajo la plaza Emilio Mitre (la obra se atrasó un año) y bajo el parque Las Heras (la medida todavía está vigente), 15 pasos bajo nivel (durante ocho meses) y la extensión de la línea H por irregularidades en el diseño de la terminal (el parate duró un año, y luego la Justicia dio luz verde, pero Subterráneos de Buenos Aires propuso una cabecera alternativa).
Otros casos destacados fueron la prohibición de la obra que realizaba la Fundación Ronald McDonald's en el predio del Hospital Gutiérrez, con tala de árboles incluida; la suspensión, entre julio y septiembre de 2012, de la subasta del Zoológico, y la postergación, por cuatro meses, de la edificación del futuro Centro Cívico en el predio del hospital Borda, recientemente autorizada.
En el Gobierno porteño están convencidos que hay que realizar una reforma judicial en la Ciudad, en particular en lo que concierne a la posibilidad de que una medida cautelar le frene decisiones al Ejecutivo. El último caso fue el freno al aumento de tarifas en el subte (de $2,50 a $3,50), por el cual el Gobierno presentó una apelación ante la Cámara.
Los cambios en la Justicia tienen varias aristas. La principal se centra en la admisibilidad de las cautelares.
Esto es, quiénes y cómo pueden presentar un amparo que pueda cambiar una decisión del Ejecutivo. La reforma al Código Contencioso Administrativo prevé que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo en 48 horas para que responda antes de establecer cualquier medida. También implica la fijación de una contracautela.
Es decir, un bien patrimonial del demandante (puede ser dinero o no) con el cual deberá responder si la causa del amparo no es encontrada razonable por la justicia. Otra idea que ronda por los asesores jurídicos de Macri es impedir que un legislador opositor se transforme en querellante, a pesar de que en esos casos se presentan como simples vecinos.
Otro punto será que los amparos “no afecten al interés público”. Esto supone que si se frena una obra, salvo que sea por cuestiones irreversibles (como el daño ambiental), se generan mayores gastos al Estado y complica la gestión.
En 2009 el PRO quiso avanzar en algunos de estos puntos pero la oposición del kirchnerismo logró frenarlos. El ex legislador Martín Borrelli había presentado una iniciativa que permitía recusar a un juez sin causa por única vez. Ahora el macrismo no quiere avanzar en esa dirección pero sí buscará desarmar el poder de los jueces que considera “opositores”.
Ellos son, principalmente Patricia López Vergara, Elena Liberatori y Roberto Gallardo. A ellos se le sumó Pablo Mántaras, quien impidió el aumento de la tarifa del subte.
¿Le sorprendió que algunas de las medidas que quieren realizar son parecidas a algunas que propone el PE? Lo que no debe sorprendernos es el grado de canallazgo, de hipocresía, en el que caen estos personajes.
También, por el funcionamiento de las unidades de atención ciudadana (UAC) -dependientes del poder central- en las sedes comunales. La primera obra permaneció detenida por pocos días; la segunda, por 20. Las UAC siguieron habilitadas porque el fallo fue apelado.
Por diversos recursos de amparo se suspendió la licitación para poder imponer en la ciudad la verificación técnica obligatoria de vehículos, se canceló el aumento de la tarifa del subte de $ 2,5 a 3,5 a pedido del diputado Alejandro Bodart (MST) y, por impulso de una comunera kirchnerista de Recoleta, se impusieron a último momento exigencias al desarrollo de la carrera de TC 2000.
En los últimos tres años y medio, suman más de veinte las iniciativas oficiales frenadas por la Justicia de la ciudad; en la mayoría de los casos, temporalmente, porque luego los magistrados terminaron dando la razón al gobierno porteño. Entre ellos, desde agosto de 2009 hasta la actualidad, figura la suspensión de la licitación para la construcción de un túnel bajo la avenida 9 de Julio; finalmente fueron habilitados, pero el Ministerio de Desarrollo Urbano desistió de la obra.
También se prohibió la edificación de una comisaría de la Policía Metropolitana en el parque Sarmiento y se obligó a apagar la pantalla LED de más de 90 m2 instalada en Carlos Pellegrini y Corrientes. Durante un año, se frenó el ensanche de la avenida Paseo Colón.
Además, por recursos de amparo se paralizaron las cocheras subterráneas bajo la plaza Emilio Mitre (la obra se atrasó un año) y bajo el parque Las Heras (la medida todavía está vigente), 15 pasos bajo nivel (durante ocho meses) y la extensión de la línea H por irregularidades en el diseño de la terminal (el parate duró un año, y luego la Justicia dio luz verde, pero Subterráneos de Buenos Aires propuso una cabecera alternativa).
Otros casos destacados fueron la prohibición de la obra que realizaba la Fundación Ronald McDonald's en el predio del Hospital Gutiérrez, con tala de árboles incluida; la suspensión, entre julio y septiembre de 2012, de la subasta del Zoológico, y la postergación, por cuatro meses, de la edificación del futuro Centro Cívico en el predio del hospital Borda, recientemente autorizada.
Ante este panorama, los dirigentes de PRO, preocupados, analizan una reforma judicial. Veamos que piensan:
La futura reforma judicial será lanzada luego de que el kirchnerismo presente la batería de proyectos para “democratizar la justicia”. Esta decisión tiene que ver con poder conseguir los votos del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña.
Los cambios en la Justicia tienen varias aristas. La principal se centra en la admisibilidad de las cautelares.
Esto es, quiénes y cómo pueden presentar un amparo que pueda cambiar una decisión del Ejecutivo. La reforma al Código Contencioso Administrativo prevé que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo en 48 horas para que responda antes de establecer cualquier medida. También implica la fijación de una contracautela.
Es decir, un bien patrimonial del demandante (puede ser dinero o no) con el cual deberá responder si la causa del amparo no es encontrada razonable por la justicia. Otra idea que ronda por los asesores jurídicos de Macri es impedir que un legislador opositor se transforme en querellante, a pesar de que en esos casos se presentan como simples vecinos.
Otro punto será que los amparos “no afecten al interés público”. Esto supone que si se frena una obra, salvo que sea por cuestiones irreversibles (como el daño ambiental), se generan mayores gastos al Estado y complica la gestión.
En 2009 el PRO quiso avanzar en algunos de estos puntos pero la oposición del kirchnerismo logró frenarlos. El ex legislador Martín Borrelli había presentado una iniciativa que permitía recusar a un juez sin causa por única vez. Ahora el macrismo no quiere avanzar en esa dirección pero sí buscará desarmar el poder de los jueces que considera “opositores”.
Ellos son, principalmente Patricia López Vergara, Elena Liberatori y Roberto Gallardo. A ellos se le sumó Pablo Mántaras, quien impidió el aumento de la tarifa del subte.
¿Le sorprendió que algunas de las medidas que quieren realizar son parecidas a algunas que propone el PE? Lo que no debe sorprendernos es el grado de canallazgo, de hipocresía, en el que caen estos personajes.
Ahora, el señor que disculpa su inoperancia manifestando que la justicia le para las obras para no poder mostrar hechos a los vecinos, le hace lo mismo al Gobierno Central, y no conforme con ello, invita a manifestarse, mientras, por bajo cuerda, nada dice a sus votantes de la cantidad de similitudes que tiene su proyecto de reforma con el del CFK. Otro caso más de doble moral.
Es por eso, que en la manifestación del jueves, se verá a un PRO alejado del resto de los convocantes. Las fuerzas se niegan a sacarse una foto con el jefe de Gobierno porteño,porque recuerdan que existe en la Legislatura local un proyecto del PRO, para limitar en la Ciudad las medidas cautelares que disponen los jueces del fuero contencioso administrativo, similar al que impulsa el Gobierno Nacional. El objetivo es restringir esa atribución que suele ponerle límites a las decisiones de Bolívar 1. Recuerdan, además, las recientes declaraciones de la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, cuando se quejó por los abusos en la utilización de los recursos de amparo, luego de que la Justicia frenara el aumento de la tarifa del subterráneo. Y destacan, en ese sentido, el doble discurso del PRO.
Tengo la sensación que aunque se mostrara en Canal 13 o en Clarin a Mauricio Macri asesinando a una persona titularían que la victima se cayó sobre el cuchillo que sostenía Macri en su mano. Es al ñudo, y cansa!!
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