Sospecha y temor. Un buen lema para conmemorar el 24 de marzo.
Por Ricardo Ragendorfer para Tiempo Argentino
Al comisario Carlos Garbozo, de la policía neuquina, le brillaron los ojos al observar la valiosa prueba que exhibía uno de sus subordinados con las manos enfundadas en látex. No era un arma ni un ladrillo de cocaína, sino un ejemplar de la novela El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Dicha obra parecía interesarle de sobremanera, al punto de que devoró de un vistazo el texto de la solapa, antes de esgrimir con tono admonitorio un comentario sobre la orientación filocomunista de su autor. A metros de él, dos suboficiales manipulaban con sumo cuidado un volumen del Nunca Más que acababan de confiscar. Un sargento fotografiaba la tapa de la revista Barcelona. Y el cabo que lo asistía, sujetaba el último número de Le Monde diplomatique. En tanto, otros uniformados seguían revolviendo la biblioteca de esa pequeña cabaña. Su único habitante, un empleado del Parque Nacional Lanín, permanecía de espaldas, confinado en un rincón.
La escena era como una postal de la última dictadura. Sin embargo, ocurrió a 29 años del regreso de la democracia; exactamente, durante la mañana del 13 de marzo, en el marco de la investigación por el crimen del policía José Aigo, acribillado sobre una ruta provincial cercana a Junín de los Andes. Es que el pobre guardaparque había tenido la poca fortuna de figurar en la agenda de Juan Marcos Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes. Ya se sabe que este, a su vez, tuvo la mala suerte de transportar en su camioneta a los dos fugitivos del asesinato. Y, ahora, con una lógica punitiva algo pasada de moda, los hábitos de lectura, las opiniones políticas y el perfil ideológico de sus protagonistas –desde simples testigos a sospechosos– adquirieron una importancia crucial para el esclarecimiento del caso.
Al respecto, en una conferencia de prensa, el abogado querellante, Gustavo Lucero, explicó: “La hipótesis más sensata habla de grupos revolucionarios.”
El doctor es en realidad un asesor del Ministerio de Seguridad de Neuquén. Y como tal, patrocina a la familia del difunto. Aquella tarea la encara con un encomiable empeño, quizás para mitigar la mácula que dejó en su imagen el haber sido defensor del cabo José Darío Poblete, condenado a perpetua por el crimen del maestro Carlos Fuentealba.
“Hay elementos que fortalecen la hipótesis del terrorismo”, insistió en Junín de los Andes, ante el dócil corcoveo de los enviados del diario La Mañana, de Neuquén, y del Diario de Río Negro.
Ambos medios ya habían propagado con énfasis lo de la pista guerrillera. Y con la siguiente línea argumental: uno de los prófugos, el ciudadano chileno Alexis Cortez Torre –identificado por documentos abandonados en su huida–, registraba un antiguo arresto durante una manifestación en Santiago y había llegado al país tras recorrer Colombia y Venezuela. Esas dos circunstancias lo convertían en un peligroso cuadro insurgente. Tanto es así, que no tardó en ser vinculado con una presunta organización armada trasandina con presencia en la Argentina: los “lautaristas”. Semejante revelación –bendecida con entusiasmo por casi todos los poderes provinciales– corrió por cuenta de La Mañana en su edición del 9 de marzo. Ese mismo viernes, el Diario de Río Negro amplió el asunto: “Son varios los grupos terroristas chilenos con base en el sur del país.” Y mencionó al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y a los ya mencionados “lautaristas”, no sin resaltar que su retaguardia local es nada menos que la población mapuche.
Es notable el escaso conocimiento histórico de quienes sostienen tal versión. Lo cierto es que el MIR actuó hasta 1976, cuando su estructura fue diezmada por las fuerzas represivas, mientras que el FPMR dejó de operar al concluir la dictadura pinochetista. El “lautarismo”, por su lado, fue una fracción disidente del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la cual en 1980 planteó la resistencia armada contra el régimen militar; después, se disolvió.
Aun así, esta remake de la Doctrina de la Seguridad Nacional fue asumida con beneplácito por la policía de Neuquén. Su jefe, el comisario general Raúl Laserna, quien está al frente de la pesquisa, aseguró que no escatimará recurso alguno para dar con los fugitivos. Es un hombre de palabra: apenas a 12 horas del crimen, un suboficial que participaba de un control vehicular en el puente de La Rinconada le disparó a un motociclista; este había cometido el pecado de frenar en forma tardía. En aquel momento, cientos de uniformados, con el apoyo de avionetas y helicópteros, batían hasta los rincones más recónditos de aquella geografía patagónica; a la cacería se sumaron peones de estancias, baquenos y pobladores rurales. Pero con nulos resultados.
Ahora la situación es demencial. Al fracaso de la búsqueda se le acopla un escenario próximo al ejercicio del terrorismo de Estado. Y, al menos, con dos blancos fijos: esmerilar la gestión del intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández –un viejo peronista que en las elecciones de octubre le arrebató esa plaza al Movimiento Popular Neuquino (MPN)–, y a la vez poner en caja a la parte díscola de la sociedad; en especial, la población mapuche. Lo primero consiste en el hostigamiento periodístico y judicial a la familia del funcionario, mediante allanamientos anunciados a la prensa horas antes de ocurrir, breves detenciones y notas lapidarias. Sobre lo segundo pueden dar cuenta quienes habitan las comunidades mapuches de Linares y Lafkenche: rastrillajes y requisas sin autorización, interrogatorios poco amigables a los lonkos (caciques) y arrestos arbitrarios, junto con razzias y seguimientos en las zonas urbanas. Sospecha y temor. Un buen lema para conmemorar el 24 de marzo.
La escena era como una postal de la última dictadura. Sin embargo, ocurrió a 29 años del regreso de la democracia; exactamente, durante la mañana del 13 de marzo, en el marco de la investigación por el crimen del policía José Aigo, acribillado sobre una ruta provincial cercana a Junín de los Andes. Es que el pobre guardaparque había tenido la poca fortuna de figurar en la agenda de Juan Marcos Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes. Ya se sabe que este, a su vez, tuvo la mala suerte de transportar en su camioneta a los dos fugitivos del asesinato. Y, ahora, con una lógica punitiva algo pasada de moda, los hábitos de lectura, las opiniones políticas y el perfil ideológico de sus protagonistas –desde simples testigos a sospechosos– adquirieron una importancia crucial para el esclarecimiento del caso.
Al respecto, en una conferencia de prensa, el abogado querellante, Gustavo Lucero, explicó: “La hipótesis más sensata habla de grupos revolucionarios.”
El doctor es en realidad un asesor del Ministerio de Seguridad de Neuquén. Y como tal, patrocina a la familia del difunto. Aquella tarea la encara con un encomiable empeño, quizás para mitigar la mácula que dejó en su imagen el haber sido defensor del cabo José Darío Poblete, condenado a perpetua por el crimen del maestro Carlos Fuentealba.
“Hay elementos que fortalecen la hipótesis del terrorismo”, insistió en Junín de los Andes, ante el dócil corcoveo de los enviados del diario La Mañana, de Neuquén, y del Diario de Río Negro.
Ambos medios ya habían propagado con énfasis lo de la pista guerrillera. Y con la siguiente línea argumental: uno de los prófugos, el ciudadano chileno Alexis Cortez Torre –identificado por documentos abandonados en su huida–, registraba un antiguo arresto durante una manifestación en Santiago y había llegado al país tras recorrer Colombia y Venezuela. Esas dos circunstancias lo convertían en un peligroso cuadro insurgente. Tanto es así, que no tardó en ser vinculado con una presunta organización armada trasandina con presencia en la Argentina: los “lautaristas”. Semejante revelación –bendecida con entusiasmo por casi todos los poderes provinciales– corrió por cuenta de La Mañana en su edición del 9 de marzo. Ese mismo viernes, el Diario de Río Negro amplió el asunto: “Son varios los grupos terroristas chilenos con base en el sur del país.” Y mencionó al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y a los ya mencionados “lautaristas”, no sin resaltar que su retaguardia local es nada menos que la población mapuche.
Es notable el escaso conocimiento histórico de quienes sostienen tal versión. Lo cierto es que el MIR actuó hasta 1976, cuando su estructura fue diezmada por las fuerzas represivas, mientras que el FPMR dejó de operar al concluir la dictadura pinochetista. El “lautarismo”, por su lado, fue una fracción disidente del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la cual en 1980 planteó la resistencia armada contra el régimen militar; después, se disolvió.
Aun así, esta remake de la Doctrina de la Seguridad Nacional fue asumida con beneplácito por la policía de Neuquén. Su jefe, el comisario general Raúl Laserna, quien está al frente de la pesquisa, aseguró que no escatimará recurso alguno para dar con los fugitivos. Es un hombre de palabra: apenas a 12 horas del crimen, un suboficial que participaba de un control vehicular en el puente de La Rinconada le disparó a un motociclista; este había cometido el pecado de frenar en forma tardía. En aquel momento, cientos de uniformados, con el apoyo de avionetas y helicópteros, batían hasta los rincones más recónditos de aquella geografía patagónica; a la cacería se sumaron peones de estancias, baquenos y pobladores rurales. Pero con nulos resultados.
Ahora la situación es demencial. Al fracaso de la búsqueda se le acopla un escenario próximo al ejercicio del terrorismo de Estado. Y, al menos, con dos blancos fijos: esmerilar la gestión del intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández –un viejo peronista que en las elecciones de octubre le arrebató esa plaza al Movimiento Popular Neuquino (MPN)–, y a la vez poner en caja a la parte díscola de la sociedad; en especial, la población mapuche. Lo primero consiste en el hostigamiento periodístico y judicial a la familia del funcionario, mediante allanamientos anunciados a la prensa horas antes de ocurrir, breves detenciones y notas lapidarias. Sobre lo segundo pueden dar cuenta quienes habitan las comunidades mapuches de Linares y Lafkenche: rastrillajes y requisas sin autorización, interrogatorios poco amigables a los lonkos (caciques) y arrestos arbitrarios, junto con razzias y seguimientos en las zonas urbanas. Sospecha y temor. Un buen lema para conmemorar el 24 de marzo.
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