Asignación Universal por Hijo
A poco más de seis meses de la sanción de la asignación universal por hijo, ya se conocen los primeros resultados. Una importante reducción en los niveles de pobreza e indigencia –especialmente en los menores de 18 años– y una interesante reactivación del consumo con gran impacto en las zonas más empobrecidas del país. Sin embargo, la reciente alza del precio de los alimentos enciende algunas luces de alarma que hay que atender a tiempo.
Cuando la presidenta Cristina Kirchner anunció la implementación de la asignación universal por hijo surgió una pequeña polémica sobre a quién correspondían los laureles. Con argumentos que recordaban a aquella vieja queja de los socialistas acerca de que sus ideas habían sido robadas por Perón, algunos opositores se atribuyeron los derechos de autor de la medida. Sin afán de polemizar al respecto, tal vez sea interesante hacer un breve recorrido sobre los orígenes del plan social más importante de la Argentina en los últimos tiempos.
La idea de un ingreso independiente del trabajo, se asemeja al proyecto de “renta básica universal” o “ingreso ciudadano” que sostienen varias ONG e intelectuales progresistas de Europa. Ante el creciente desempleo generado por la extendida aplicación de tecnologías ahorradoras de mano de obra en nombre de una concepción neoliberal de la eficiencia, la idea de una sociedad salarial entró en crisis. ¿Cómo sostener que los ingresos deben ser la contrapartida del trabajo en una sociedad que niega ese derecho a una gran parte de su población?
En la Argentina desembarcó de la mano de la desindustrialización menemista y cobró fuerza tras la salida de la convertibilidad cuando la tasa de desempleo llegó a superar el 20% y la pobreza cubría a más de la mitad de los argentinos. La propuesta de un frente nacional contra la pobreza (Frenapo), motorizada por la CTA y que llegó a juntar casi tres millones de adherentes en diciembre del 2001, es el primer antecedente de instrumentación para su aplicación en el país. El economista Rubén Lo Vuolo será quien la lleve a la plataforma de ARI, en tiempos que su referente Elisa Carrió coqueteaba con el progresismo y denunciaba la fuga ilegal de capitales que tenía entre uno de sus denunciados a su actual economista de cabecera: Prat Gay. A pesar del alejamiento de Lo Vuolo ante el “giro ortodoxo de Carrió”, la idea de un ingreso ciudadano siguió en la plataforma de ARI como una de las pocas banderas progresistas que quedaban en ella.
Dentro del oficialismo, el proyecto de un ingreso independiente del trabajo tuvo sus defensores y sus detractores. Se oponían, especialmente, quienes provenientes del viejo peronismo mantenían una tradición filosófica de sociedad industrial en la que sólo “el trabajo dignifica”. Veían en la propuesta del ingreso ciudadano un liberalismo en clave progresista que aceptaba la desindustrialización y el desempleo como una realidad nacional inmodificable. Entre sus defensores se encontraban quienes viendo las dificultades de reducir el “núcleo duro del desempleo” –alrededor del 9% de la población en condiciones de trabajar– buscaban alternativas novedosas para avanzar en la realización de una sociedad menos desigual. La dinámica de la política terminó inclinando la balanza a favor de estos últimos, cuando en octubre pasado se estableció la asignación universal por hijo.
La medida extiende el cobro de la asignación de $180 por hijo a los desempleados y a los trabajadores informales cuyo salario sea menor que el mínimo vital y móvil ($1.500, en la actualidad). Para cobrarlo sólo deben presentar el certificado de que sus hijos van a la escuela, que tienen las vacunas al día y asisten al control médico sanitario. La medida alcanza a más de 3 millones de menores, un 30% del total de 11 millones que ya cobraban la asignación porque sus padres eran empleados en blanco o perciban otras prestaciones. El costo fiscal estimado por la Anses es de $8.000 millones al año, algo más del 0,07% del valor de la producción anual del país, una relación superior a la de cualquier otro plan similar vigente en América latina.
A casi seis meses de su implementación ya existen algunos estudios de impacto. Utilizando índices de precios alternativos al del INDEC, los analistas estiman que el porcentaje de argentinos indigentes descendió aproximadamente un 50%, pasando del 6,6 al 3,5 por ciento. Si se considera sólo a los menores de 18 años, el impacto es mucho más considerable. El porcentaje de menores indigentes se redujo en casi el 60%, pasando del 12,3 al 5,5 por ciento. El impacto en los niveles de pobreza es menor, pero no por eso menos importante. El porcentaje de personas pobres habría pasado del 24 al 20%, y los menores pobres, del 37 al 32 por ciento.
Desde la perspectiva de la equidad distributiva, los resultados de la aplicación de la asignación son también alentadores. La brecha entre el 10% de la población que más gana y el 10% de menores ingresos se reduciría en algo más de un 20%, pasando de 23,5 veces a cerca de 18. Además, el mayor impacto se produce en las zonas más pobres del país donde se concentran los más altos niveles de chicos pobres. Se agrega así un componente de mayor equidad en la distribución geográfica del ingreso beneficiándose, especialmente, las provincias del norte, las más pobres de la región de Cuyo y los partidos del tercer cordón del conurbano bonaerense. En consecuencia, la actividad económica en esas zonas postergadas se ve estimulada por la reactivación del consumo que sigue al cobro de las asignaciones.
Pero todas no son rosas, la reciente alza en el precio de los alimentos pone una luz de alerta para un plan que según las primeras muestras estadísticas se gasta casi completamente en comestibles. Por un lado está el riesgo de que los beneficios del plan se diluyan si el monto de la prestación no se actualiza. Pero de actualizarse, permanece la tensión existente desde el 2003 entre un consumo popular cada vez mayor y un sector agropecuario cada vez más orientado a la producción exportadora de soja. Las posibles soluciones no son sólo técnicas, sino también políticas y no exentas de conflictos, como lo demuestra el antecedente de la 125.
Por Andrés Asiain, Economista del CEMOP - Fund. Madres de Plaza de Mayo
Fuente: nacionalypopular
Cuando la presidenta Cristina Kirchner anunció la implementación de la asignación universal por hijo surgió una pequeña polémica sobre a quién correspondían los laureles. Con argumentos que recordaban a aquella vieja queja de los socialistas acerca de que sus ideas habían sido robadas por Perón, algunos opositores se atribuyeron los derechos de autor de la medida. Sin afán de polemizar al respecto, tal vez sea interesante hacer un breve recorrido sobre los orígenes del plan social más importante de la Argentina en los últimos tiempos.
La idea de un ingreso independiente del trabajo, se asemeja al proyecto de “renta básica universal” o “ingreso ciudadano” que sostienen varias ONG e intelectuales progresistas de Europa. Ante el creciente desempleo generado por la extendida aplicación de tecnologías ahorradoras de mano de obra en nombre de una concepción neoliberal de la eficiencia, la idea de una sociedad salarial entró en crisis. ¿Cómo sostener que los ingresos deben ser la contrapartida del trabajo en una sociedad que niega ese derecho a una gran parte de su población?
En la Argentina desembarcó de la mano de la desindustrialización menemista y cobró fuerza tras la salida de la convertibilidad cuando la tasa de desempleo llegó a superar el 20% y la pobreza cubría a más de la mitad de los argentinos. La propuesta de un frente nacional contra la pobreza (Frenapo), motorizada por la CTA y que llegó a juntar casi tres millones de adherentes en diciembre del 2001, es el primer antecedente de instrumentación para su aplicación en el país. El economista Rubén Lo Vuolo será quien la lleve a la plataforma de ARI, en tiempos que su referente Elisa Carrió coqueteaba con el progresismo y denunciaba la fuga ilegal de capitales que tenía entre uno de sus denunciados a su actual economista de cabecera: Prat Gay. A pesar del alejamiento de Lo Vuolo ante el “giro ortodoxo de Carrió”, la idea de un ingreso ciudadano siguió en la plataforma de ARI como una de las pocas banderas progresistas que quedaban en ella.
Dentro del oficialismo, el proyecto de un ingreso independiente del trabajo tuvo sus defensores y sus detractores. Se oponían, especialmente, quienes provenientes del viejo peronismo mantenían una tradición filosófica de sociedad industrial en la que sólo “el trabajo dignifica”. Veían en la propuesta del ingreso ciudadano un liberalismo en clave progresista que aceptaba la desindustrialización y el desempleo como una realidad nacional inmodificable. Entre sus defensores se encontraban quienes viendo las dificultades de reducir el “núcleo duro del desempleo” –alrededor del 9% de la población en condiciones de trabajar– buscaban alternativas novedosas para avanzar en la realización de una sociedad menos desigual. La dinámica de la política terminó inclinando la balanza a favor de estos últimos, cuando en octubre pasado se estableció la asignación universal por hijo.
La medida extiende el cobro de la asignación de $180 por hijo a los desempleados y a los trabajadores informales cuyo salario sea menor que el mínimo vital y móvil ($1.500, en la actualidad). Para cobrarlo sólo deben presentar el certificado de que sus hijos van a la escuela, que tienen las vacunas al día y asisten al control médico sanitario. La medida alcanza a más de 3 millones de menores, un 30% del total de 11 millones que ya cobraban la asignación porque sus padres eran empleados en blanco o perciban otras prestaciones. El costo fiscal estimado por la Anses es de $8.000 millones al año, algo más del 0,07% del valor de la producción anual del país, una relación superior a la de cualquier otro plan similar vigente en América latina.
A casi seis meses de su implementación ya existen algunos estudios de impacto. Utilizando índices de precios alternativos al del INDEC, los analistas estiman que el porcentaje de argentinos indigentes descendió aproximadamente un 50%, pasando del 6,6 al 3,5 por ciento. Si se considera sólo a los menores de 18 años, el impacto es mucho más considerable. El porcentaje de menores indigentes se redujo en casi el 60%, pasando del 12,3 al 5,5 por ciento. El impacto en los niveles de pobreza es menor, pero no por eso menos importante. El porcentaje de personas pobres habría pasado del 24 al 20%, y los menores pobres, del 37 al 32 por ciento.
Desde la perspectiva de la equidad distributiva, los resultados de la aplicación de la asignación son también alentadores. La brecha entre el 10% de la población que más gana y el 10% de menores ingresos se reduciría en algo más de un 20%, pasando de 23,5 veces a cerca de 18. Además, el mayor impacto se produce en las zonas más pobres del país donde se concentran los más altos niveles de chicos pobres. Se agrega así un componente de mayor equidad en la distribución geográfica del ingreso beneficiándose, especialmente, las provincias del norte, las más pobres de la región de Cuyo y los partidos del tercer cordón del conurbano bonaerense. En consecuencia, la actividad económica en esas zonas postergadas se ve estimulada por la reactivación del consumo que sigue al cobro de las asignaciones.
Pero todas no son rosas, la reciente alza en el precio de los alimentos pone una luz de alerta para un plan que según las primeras muestras estadísticas se gasta casi completamente en comestibles. Por un lado está el riesgo de que los beneficios del plan se diluyan si el monto de la prestación no se actualiza. Pero de actualizarse, permanece la tensión existente desde el 2003 entre un consumo popular cada vez mayor y un sector agropecuario cada vez más orientado a la producción exportadora de soja. Las posibles soluciones no son sólo técnicas, sino también políticas y no exentas de conflictos, como lo demuestra el antecedente de la 125.
Por Andrés Asiain, Economista del CEMOP - Fund. Madres de Plaza de Mayo
Fuente: nacionalypopular
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